Me dedico a analizar la siniestralidad laboral de nuestro país desde el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo (OECT) del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Me gustaría plasmar aquí la trascendencia que tiene el hecho de desagregar la información por sexo.
Uno de los indicadores más usados
en el estudio de la siniestralidad laboral es el índice de incidencia,
que representa el número de accidentes con baja ocurridos por cada 100.000
trabajadores expuestos al riesgo [su fórmula es: en el numerador es el total de
accidentes en jornada de trabajo con baja (ATJT) y en el denominador, la media
anual de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con la contingencia
de accidente de trabajo y enfermedad profesional cubierta].
Desde mi Departamento de Investigación
e Información del INSST realizamos con carácter anual un informe que clasifica las
actividades económicas (CNAE a 2 dígitos) en función de dos parámetros: su índice
de incidencia de ATJT, y el número de personas que trabajan en ella (Actividades
prioritarias en función de la siniestralidad, disponible en: https://www.insst.es/documentacion/catalogo-de-publicaciones/actividades-prioritarias-en-funcion-de-la-siniestralidad
). Esta clasificación permite priorizar las actividades, actuando de guía para
dirigir las intervenciones preventivas de manera que se focalicen sobre
aquellas actividades más vulnerables y que además aglutinan un mayor número de
personas trabajadoras que puedan beneficiarse de ellas.
Resumen de las actividades prioritarias
en función de la población trabajadora analizada (Fuente: Informe de Actividades
prioritarias en función de la siniestralidad. Año 2019. INSST)
Conjunto población trabajadora |
Trabajadores |
Trabajadoras |
Asistencia en establecimientos residenciales |
Almacenamiento y actividades anexas al transporte |
Servicios de comidas y bebidas |
Industria de la alimentación |
Servicios a edificios y actividades de jardinería |
Agricultura, ganadería, caza y
servicios relacionados con las mismas |
Actividades de construcción especializada |
Industria de la alimentación |
Servicios a edificios y actividades de jardinería |
Construcción de edificios |
Actividades de construcción especializada |
Actividades de servicios sociales sin alojamiento |
Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo |
Fabricación de productos
metálicos |
Industria de la alimentación |
|
Construcción de edificios |
Servicios de alojamiento |
|
|
Asistencia en establecimientos residenciales |
|
|
Actividades relacionadas con el empleo |
¿Qué ocurre cuando se
incorpora la variable sexo al análisis?
Pues que afloran como actividades prioritarias algunas de las actividades más feminizadas (aquellas que presentan mayor proporción de trabajadoras afiliadas que de trabajadores afiliados) que no aparecían (estaban camufladas) al estudiar al conjunto de la población trabajadora (en 2019, la población afiliada se componía por un 46% de mujeres y un 54% de hombres).
Algunas de estas actividades más feminizadas que surgen
como prioritarias son: las Actividades de servicios sociales sin alojamiento,
los Servicios de alojamiento, Servicios a edificios y actividades de jardinería
y los Servicios de comidas y bebidas.
Es decir, que gracias a la incorporación
de la variable sexo en el análisis de la siniestralidad laboral, podemos,
entre otras cosas, visibilizar aquellas actividades económicas que suponen
un mayor riesgo para las trabajadoras (tendríamos por tanto un sesgo importante al no hacerlo). Además, en este análisis concreto, al
contar también con una amplia población afiliada, deben establecerse como
objetivos prioritarios de las políticas preventivas a desarrollar.
Evidentemente, estas políticas
deberían diseñarse para el colectivo al que van dirigidas, es decir, que su
diseño debería tener en cuenta también la perspectiva de género… (pero me temo
que eso daría pie a otra entrada en el blog…)
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